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04 Abr
Obligatoriedad del Registro de la Jornada.

El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (BOE 12 de marzo de 2019) modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, quedando como sigue:

1. Se modifica el artículo 34.7, que queda redactado de la siguiente manera 

“El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran.” 

2. Se modifica el artículo 34, añadiendo un nuevo apartado 9, con la siguiente redacción: 

“La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante 4 años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.” 

Como vemos la norma no prevé forma específica de organizar y documentar el registro de jornada, pero sí nos dice dos aspectos fundamentales que sin duda tendrán en cuenta los tribunales en el futuro a la hora de interpretar dicha norma que se corresponden con dos obligaciones de la empresa:

  • Garantizar el registro de jornada 

  • Negociar, y de no lograrse ésta, consultar previamente con los representantes legales de los trabajadores, dicha organización y documentación del registro. 

 Si existe acuerdo con los representantes de los trabajadores respecto el contenido de las hojas de registro y la organización del mismo, probablemente los tribunales le den valor a éste, salvo la existencia en algún supuesto concreto de fraude de ley.

Ahora bien, de no existir acuerdo, como la empresa tiene que garantizar el registro de jornada de todas las personas trabajadoras de la empresa, probablemente, ofrecerá más garantías un registro automático que uno que no lo es.

  La norma no se decanta por un sistema u otro, lo que es razonable hasta no conocer interpretación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, normativa de desarrollo, instrucciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social o sentencia de Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia.

  La entrada en vigor de esta medida de registro de jornada será de aplicación a los dos meses de su publicación en el BOE, es decir desde el 12 de mayo de 2019.

06 Jul
Un accidente de tráfico y como hacemos su reclamación legal
TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁFICO – ASESORIA LEGAL SOBRE COMO ACTUAR

Un accidente de tráfico y como hacemos su reclamación legalAl verse inmerso en un accidente de tráfico, asaltan las primeras dudas sobre cómo tramitar correctamente este suceso y todo lo que conlleva.

En el momento inicial, y en el mismo lugar del accidente, se ha de rellenar el “parte amistoso” que nos habrá facilitado nuestra Compañía de Seguros y donde se deben incluir todos los datos de los vehículos siniestrados, los de las partes implicadas, circunstancias del accidente, datos de la Compañía, etc,…Lo firmarán ambos conductores y se presentará en la Compañía de cada uno de ellos.

La opción que acabamos de exponer, no siempre es posible (por falta de acuerdo de los conductores), por lo que se deberá recabar la ayuda de las autoridades policiales para que elaboren un atestado sobre las circunstancias del accidente.

Para el caso de que el otro vehículo se de a la fuga o se niegue a colaborar, la precaución pasa por anotar la matrícula y demás datos que podamos conseguir, e incluso los datos de los testigos que hayan presenciado el siniestro si los hubiere.

Después de este primer instante, con la mayor rapidez (máximo antes de 7 días) habrá que dar parte a la Compañía aseguradora para que abra el expediente del siniestro, y se puedan poner en marcha los arreglos del vehículo y las reclamaciones de daños, siempre de acuerdo a las condiciones pactadas en la póliza.

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO.

Resultado de un accidente son los daños materiales y/o personales.

RECLAMACIÓN DE DAÑOS MATERIALES:

Son los que afectan al vehículo como consecuencia del accidente. Como se habrá tenido que comunicar a la Compañía el siniestro y tendrán el parte amistoso o atestado, un perito de la compañía valorará los daños, informando de si los desperfectos son derivados de las circunstancias de ese accidente, de acuerdo a los documentos aportados.

Dependiendo de la valoración del perito de la Compañía, se le repararán los daños, salvo que el coste de la reparación sea superior al valor de venta del vehículo, siendo en este último caso indemnizado por ese valor.

Algunas pólizas contienen también apartados para poder reclamar otros objetos que hayan sufrido daños (maletas, mercancías, objetos personales,..) siempre que se pueda acreditar su existencia al momento del accidente. Para ello conviene conservarlos, y si existe factura aportarla a la Compañía.

RECLAMACIÓN DE DAÑOS PERSONALES:

Si se han producido víctimas en un accidente, estas han de ser indemnizadas.

En el Centro médico donde se atienda a las víctimas, se emitirá un Informe que ha de ser lo más detallado posible e indicando que se ha sido víctima de un accidente de tráfico.

Las indemnizaciones por las lesiones (o en su caso fallecimiento), se fijan conforme a un baremo (Indemnizaciones por Accidente de Tráfico) que se aplicará en atención a las secuelas que se sufran, tiempo de recuperación, edad de la víctima, etc,…y también en esa cuantía se podrán reclamar los gastos de tratamientos médicos o rehabilitadores que se hayan tenido que afrontar.

¿CÓMO RECLAMO ESTOS DAÑOS?

Siempre es recomendable ponerse en manos de un experto que le asesore de qué daños se pueden reclamar y en qué cantidad dineraria se traducen. A veces las propias Compañias Aseguradoras intentan realizar este proceso directamente con el perjudicado, y este no sabe si lo que le ofrecen es lo que le corresponde legalmente o no, por eso conviene asegurarse, y realizar un estudio donde se compruebe que en efecto se están valorando todas las circunstancias del caso en concreto.

Previo al acceso a la vía judicial, que en los últimos tiempos se ha visto perjudicada por las tasas judiciales, existirá casi siempre una vía extrajudicial donde su abogado puede gestionar el expediente del accidente llegando a un acuerdo razonable con la Compañía sin necesidad de acudir a juicio.

¿SABE QUE SU ABOGADO PUEDE SALIRLE GRATIS?

Aunque no todas, muchas de las pólizas de seguro tienen cubierta la denominada asistencia o defensa jurídica (con limitación hasta cierto importe a veces), donde la factura que le emita su abogado por la tramitación de la reclamación de daños, será cubierta en todo o en parte por su Seguro. Lo más importante es contar con una buena asesoría legal. En Bilbao Consultores te aconsejamos sobre este y otros temas legales.

18 May
¿Pensión compensatoria y pensión de alimentos? ¿Es lo mismo?

Pensión compensatoria y pensión de alimentos – Bilbao Consultores.

pension compensatoriaComo suele ser habitual, existen términos jurídicos que están en boca de todos, pero que crean confusión porque no se sabe muy bien qué son exactamente o se confunden, como en el caso de la pensión de alimentos y pensión compensatoria, creyendo que ambas cosas son lo mismo o que son complementarias. En nuestro post de hoy, daremos una breve descripción de lo que son cada una de ellas.

La pensión compensatoria

La pensión compensatoria se produce cuando tras un divorcio uno de los dos cónyuges se encuentra en una situación económica desfavorable respecto al otro. Es lo que se denomina desequilibrio económico.

El problema radica en establecer qué es un desequilibrio, puesto que en la mayoría de los divorcios se produce desde luego una ruptura en la economía familiar, teniendo que afrontar en solitario los gastos de vivienda y suministros que hasta ahora se hacían de manera conjunta. El menoscabo económico habrá que traducirlo a la vista de la vida de ese matrimonio en concreto, es decir por regla general si ambos cónyuges reciben sus propios ingresos su situación puede verse empeorada, pero ello no supone un desequilibrio económico, sin embargo en matrimonios donde unos de los miembros de la pareja se ha dedicado siempre al cuidado de los hijos comunes y no ha trabajado, el desequilibrio es obvio.

A la hora de establecer la pensión compensatoria habrá que valorar las circunstancias económicas y personales de esa familia y serán los cónyuges, o a falta de acuerdo el juez, quien determine la cuantía de la Pension Compensatoria como la forma de pago (de una sola vez, periódica o incluso indefinida en algunos casos).

También existe la posibilidad de que una de las partes, renuncie a la solicitud de esa pensión compensatoria, y en el caso de las pensiones compensatorias mensuales o indefinidas, estas se extinguen:

  • Cuando uno de los dos fallece.
  • Cuando el receptor de la pensión contraiga un nuevo matrimonio, e incluso cuando conviva de manera marital.
  • Cuando el beneficiario, aumente económicamente sus medios de vida.

La pensión alimenticia de los hijos.

Una pensión alimenticia es la cantidad que va destinada al mantenimiento de los hijos y que abonará el padre o madre que no convive con ellos.

No existe un baremo que indique qué cantidad exacta hay que abonar, por lo que la cuantía se calcula en base a los medios económicos del progenitor obligado al pago, así como a los gastos y necesidades de los hijos.

Por la denominación del término “alimentos”, a veces los padres creen que la pensión comprende la alimentación o comida, pero hay que entender por alimentos (además de los productos alimenticios) el vestido o calzado, la educación o colegio, la asistencia médica, etc,.. Los gastos de un niño pueden ser infinitos, por lo que la pensión de alimentos cubrirá obligatoriamente y con carácter mínimo las necesidades básicas para el desarrollo de ese menor. Respecto a cualquier otro gasto que pueda existir como pueda ser clases  extraescolares (equitación, natación,..) o actividades lúdicas (viaje a esquiar, curso de idiomas en el extranjero,…) los padres determinarán cómo se asumirán estos llamados gastos extraordinarios, si al 50 % por ambos o los asume el que sea promotor de esa idea, etc,..

La obligación de la prestación de alimentos perdurará hasta la mayoría de edad de los hijos o incluso hasta que aún siendo mayores de 18 años, no tengan independencia económica. Esto último es importante, puesto que actualmente es muy común que suela alargarse el abono de la pensión alimenticia hasta que los hijos finalizan sus estudios universitarios o tienen actividad laboral.

Dicho lo anterior, ello no significa, que la vida y necesidades del progenitor que abona la pensión, o de los hijos no cambien a lo largo del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que en ocasiones, se establece una pensión de alimentos cuando los hijos son muy pequeños y hasta la edad adulta de los mismos, sus necesidades pueden variar así como la de los padres que pueden verse en situación de desempleo o cualquier otra circunstancia. En esos casos de podrá solicitar una modificación en la pensión de alimentos ante el Juzgado, donde se solventará la cuestión atendiendo a la situación de las partes en el momento de esa petición.

En cualquiera de los casos en que se presente esa solicitud de pensión de alimentos ante un Juzgado y siempre que haya menores, será el Ministerio Fiscal el que vele por el interés de esos menores, a los efectos de determinar si la pensión de alimentos es adecuada o no a sus necesidades.

27 Abr
Divorcio Express
¿Qué es el Divorcio Express?

DivorcioA menudo nos consultan asuntos de familia, y tratándose de divorcios la petición estrella es: “Yo quiero divorciarme, y quiero un “divorcio express”. Puedo entender que lo que el cliente nos demanda es que una vez tomada la decisión, lo quieren “aquí y ahora”, por la difícil situación personal que un procedimiento de divorcio supone, y sobre todo porque sabemos que una decisión de este tipo viene generada en la mayoría de los casos, por mucho tiempo de tensiones, idas y venidas, y un largo peregrinaje hasta tomar la decisión definitiva, pero con la solicitud de “Express” la mayoría no tienen claro qué significa exactamente.

Pues por aclarar el término, diremos que es la entrada en vigor de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, la que puso ese titular al conocido como “Divorcio Express”.

Divorcio Express, las novedades

La principal novedad radicaba en que se agilizaban mucho los trámites hasta conseguir el ansiado divorcio; ya no era necesario alegar una causa que lo justificase, ni cumplir con un periodo de tiempo de matrimonio que era hasta entonces de un año, ni tener que solicitar con carácter previo al divorcio la separación legal, por lo que en resumen un proceso que era tedioso para ambos cónyuges y se podía dilatar interminablemente, con la reforma legal se hacía rápido y por tanto más eficaz.
Los requisitos en la actualidad para solicitar el divorcio es que desde el matrimonio hayan transcurrido tres meses, y sin alegar causa que lo justifique se puede presentar la demanda sin separación previa. También puede presentar demanda de divorcio uno sólo de los cónyuges pero en ese caso estaríamos hablando de un divorcio contencioso y por tanto un procedimiento más largo y donde el poder de decisión de las partes se ve reducido.

Divorcio express, los trámites

Como es lógico, en el caso de acuerdo mutuo de ambos cónyuges, los trámites son especialmente ágiles (de ahí el nombre de “divorcio express”), puesto que una vez presentada la demanda se puede obtener la sentencia en aproximadamente dos meses.
La ventaja sobre el divorcio contencioso, es que en el procedimiento de mutuo acuerdo, el proceso es más rápido, más económico y sobre todo permite que sea el matrimonio el que determine (dentro de unos parámetros legales), el reparto de los bienes, el uso y disfrute del domicilio familiar, la guardia y custodia de los hijos o el régimen de visitas, la pensión de alimentos o la compensatoria,…. Todos estos acuerdos los plasmaremos a través del denominado Convenio Regulador que se presentará en el Juzgado una vez firmado, y que deberán ratificar los cónyuges en comparecencia por separado.

Expuesto el resumen de lo anterior, tenemos que referirnos obligadamente a los e-divorcios o divorcios que se tramitan a través de Internet bajo el nombre de “divorcio express”.

No podemos obviar que en la era en que estamos los servicios tecnológicos cada vez ofrecen más servicios de toda índole, con precios muy llamativos. El problema surge con la relación calidad-precio-servicio que queramos recibir.

Cada uno es por supuesto libre de elegir y valorar lo que quiere, pero evidentemente nadie da duros a cuatro pesetas, y la mayoría de esos servicios no contarán jamás con un servicio personalizado, ni con un trabajo minucioso. Los despachos de abogados sabemos qué tiempo hay que dedicar a cada cliente, y a sus necesidades (un divorcio nunca es igual a otro puesto que un matrimonio tampoco es idéntico), y ello como es lógico tiene un precio, por lo que servicios de low cost no pueden llevar detrás una dedicación personal, sino que son procesos mecanizados, y en muchos casos traen problemas posteriores por no haber recogido aspectos importantes, o detallado debidamente circunstancias sobre las relaciones con los hijos, por poner un ejemplo; visitas, actividades lúdicas o escolares, personas que se harán cargo del menor si los padres no pueden ir a recogerle,…. .
Es importante, ponerte siempre en manos de profesionales que puedan solventar todas tus dudas y guiarte en el procedimiento, por lo que nuestra recomendación es acudir a un profesional de tu confianza que te pueda asesorar adecuadamente a tus necesidades. En Bilbao Consultores resolveremos todas tus dudas.

19 Mar
Modificaciones en la Norma Foral del IVA

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado un Decreto Foral Normativo (DFN) por el que se modifica la Norma Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para adaptarse a los cambios incorporados por la normativa estatal, tal y como establece el Concierto Económico.

Esta modificación viene motivada por las novedades introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y por el Real Decreto-Ley1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte y otras medidas económicas.

Entre las modificaciones más importantes de la Ley de Presupuestos del Estado, que responden también a la necesidad de adecuar determinados preceptos al ordenamiento y jurisprudencia comunitaria, hay que destacar que, dentro de las prestaciones de servicios de asistencia social, se suprime en la exención relativa a las actividades de custodia y atención a niños el límite de 6 años de edad que existía en la redacción precedente.

Asimismo, en lo que respecta a prorrata general, para determinar el porcentaje de deducción no se computarán las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera del territorio español, con independencia de quien asuma su coste.

En cuanto a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero se reduce del 21 al 10 por ciento la tributación de las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, así como de las entregas y adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte, cuando dicha entrega sea efectuada por sus autores o derechohabientes y empresarios no revendedores con derecho a deducción íntegra del impuesto soportado.

Jon Llorente

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